De esta manera, cada profesional y funcionario público en Cataluña que lleve a cabo labores de detección, atención, asistencia, prevención, rehabilitación en espacios de educación y salud, y que se encuentren en una situación de riesgo o que en alguna medida sospechen que existen manifestaciones de discriminación o violencia, por la orientación sexual de las personas, o por su identidad o manifestación de género, están obligados a comunicarlo a los organismos necesarios y grupos de seguridad para solventarlo.