Dicho protocolo funcionará a partir de la aplicación de la Ley 11/2014 que entró en vigor el 18 de octubre de 2014 para garantizar los derechos de la comunidad LGTBI y para hacer frente y disminuir las manifestaciones discriminatorias, con el fin de evitar espacios y situaciones de violencia, y así garantizar a su vez la libertad sexual y de identidad de género en la comunidad Catalana.