La asociación de consumidores asegura que la compañía automovilística debería indemnizar a los clientes mediante la entrega de un coche nuevo o el pago de un importe equivalente al valor del vehículo en caso de que, en una eventual llamada a revisión para retirar el software que truca las emisiones, la compañía se viese obligada a rebajar la potencia de los modelos.